Los propietarios de las casas sin un seguro en La Palma, en riesgo de perderlo todo

La devastación en La Palma,  tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja el 19 de septiembre, continúa a medida que la fuerza de la lava volcánica que comenzó a engullir los barrios de El Paraíso y Todoque, en la zona de Los Llanos de Aridane al suroeste de la isla canaria, se ha reactivado el pasado fin de semana. Más de 6.000 personas fueron evacuadas desde el domingo para evitar daños personales. Pero las pérdidas materiales van a ser cuantiosas, y por el momento al menos unas 245 viviendas,  según los cálculos de idealista (23 de septiembre), han sido tragadas por una montaña de tierra y lava que en algunas zonas ha alcanzado los 12 metros de altura.

Según los últimos datos actualizados de Copernicus EMS, el programa europeo de observación de La Tierra, a través de sus satélites, la extensión de la lava ya supera las 190 hectáreas de terreno, la mayoría rústico y de cultivos del plátano, y sobre unos 450 edificios de toda índole ya han sido destruidos.  El área afectada por la caída de la ceniza volcánica se amplia a 1.314 ha.

Las familias afectadas por la pérdida de sus casas, sus vehículos, sus tierras o sus negocios podrán acudir al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), siempre y cuando tuvieran un seguro en vigor contratado.

El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad público empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que actúa con carácter subsidiario para cubrir a los asegurados en situaciones de riesgos extraordinarios, como este, que no cubren las aseguradoras, tal y como indica el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.

Sus fondos salen de los seguros que pagan anualmente los españoles asegurados: se trata de una pequeña percentual que se detrae de las primas de los seguros, y que se puede ver en cada factura, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Según el propio Consorcio “solo indemniza los daños producidos sobre bienes y personas que estén cubiertos por un seguro. Y no se está aplica ningún plazo máximo para presentar la solicitud de indemnización por los daños sufridos”.

Ante las dificultades que están teniendo muchos propietarios para acudir a sus casas y recoger la documentación que acredite la propiedad del terreno o la vivienda, y su correspondiente seguro, el Consorcio recuerda que “pueden efectuar el trámite a través del mediador de seguros o de su aseguradora, que disponen de los datos de sus pólizas”.

A 23 de septiembre, el CCS ha recibido las primeras 40 solicitudes de indemnización, procedentes de Los Llanos de Aridane y El Paso, corresponden a 33 viviendas, 5 automóviles, 1 comercio y 1 industria. El Consorcio ha afirmado que mientras continúe activa la erupción del volcán “no puede disponer de estimaciones del número de siniestros esperados ni del coste de los daños indemnizables”.

Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, aclara que “el Consorcio indemniza los daños sobre la base de la misma póliza contratada con la entidad aseguradora. Es decir, la indemnización del Consorcio tendrá en cuenta los bienes, el capital asegurado y las condiciones (limites, riesgos, etc.) de la póliza contratada”.

El abogado recuerda que “no estarán bajo la cobertura del Consorcio, los inmuebles y los terrenos que no estuvieran asegurados”, y asevera que “no tendrán derecho a indemnización las pólizas que cubran producciones agropecuarias susceptibles de aseguramiento a través del sistema de los Seguros Agrarios Combinados, según lo que establece el artículo 4a del Real Decreto 300/2004 que regula el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios”.

Además, desde Acierto.com aclaran que “es importante hacer un listado lo más exacto posible de las pérdidas materiales que hemos sufrido, así como presentar las facturas de los gastos que se han tenido como consecuencia de no poder acceder a la vivienda”, ya que muchas familias se están viendo ante la dificultad de encontrar un realojo.

Los organismos y la banca se ofrecen a los afectados

No solo aquellos que han perdido su casa necesitan un nuevo lugar donde ubicarse. Los más de 6.000 desalojados de sus casas no podrán volver a ellas mientras el volcán siga activo, ni se controle la lengua de lava. Un proceso que puede durar meses, según los expertos, y que aún puede haber riesgos de evacuación.

El propio Gobierno de Canarias ha anunciado que gestiona la adquisición de 257 viviendas de nueva construcción, acabadas o a punto de terminarse en la isla de La Palma, para hacer frente a la emergencia habitacional de cientos de familias que se han quedado sin hogar.

A estas casas se unirán otras 23 viviendas de una nueva promoción que el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) está finalizando en el municipio de El Paso y que cederá para hacer frente a esta emergencia habitacional, según ha aclarado el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis.

Además, la empresa pública VISOCAN ha localizado una docena de promociones que sumarían al menos otras 150 viviendas que podrían estar disponibles para finales de año o principios de 2022.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) se han comprometido a poner a disposición de los afectados por la erupción del volcán en La Palma, de forma gratuita y mientras sea necesario, las viviendas que actualmente tengan disponibles en condiciones de habitabilidad en la isla de La Palma y zonas próximas

Otros organismos también se están volcando con los afectados. Los Registradores de la Propiedad de España han habilitado en su pagina web un espacio en el que los afectados por la erupción podrán conocer el alcance de la erupción sobre sus inmuebles, y, en caso de estar afectados, recibir información sobre sus derechos inscritos, así como solicitar de forma gratuita e inmediata las certificaciones registrales que permitan acreditar la titularidad de sus inmuebles para obtener futuras indemnizaciones o ayudas.

Algunas entidades bancarias, por su parte, han puesto en marcha un plan apoyo para ayudar a las familias, negocios, empresas y productores agrarios que se han visto afectados por la erupción del volcán en la isla. La mayoría ofrecen anticipos del cobro de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.

Banco Santander, por ejemplo, realizará a cada asegurado que acuda a su financiación una aportación adicional de 1.000 euros para que puedan hacer frente a los gastos de primera necesidad.

CaixaBank, por su parte, ha decidido paralizar de forma temporal de la amortización de los préstamos personales e hipotecarios de particulares, créditos del sector agrario y compromisos de pago de los clientes del segmento negocios por un período de hasta 12 meses.

Mayores dificultades para los que no están asegurados: Canarias entre las regiones con menos pólizas contratadas

Casi todas estas actuaciones están siendo enfocadas a aquellas personas que cuentan con un seguro de hogar, pero qué pasará con aquellas que no tenían su vivienda o su terreno asegurado, y ni que decir para aquellos que contaban con una vivienda de construcción ilegal.

Cabe destacar que mientras en la media nacional, el 75% de las familias españolas tiene contratado un seguro para la vivienda, según el último informe publicado por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en Canarias sin embargo, la contratación de una póliza sobre el hogar se reduce casi al 47% de las familias, lo que puede apreciar las dificultades por las que pueden pasar algunas de las familias afectadas por la erupción volcánica.

Apenas un 46% de las familias tiene contratado un seguro sobre la primera vivienda, el porcentaje más bajo de toda España, salvo en Ceuta, mientras que por la segunda vivienda, la firma de una póliza se reduce al 8,2%, de nuevo entre los más bajos del país, solo superando en esta ocasión a Melilla y Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, organismo de gobierno regional en la isla, han solicitado al Gobierno de España desde el pasado lunes la declaración como zona de emergencia gravemente afectada, más conocido como zona catastrófica. Pedro Sánchez ya ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros está dando los primeros pasos para activar el procedimiento de declaración de zona de emergencia de Protección Civil por parte del Gobierno Central.

La declaración como zona de emergencia tratará de mitigar los daños personales y materiales, principalmente relacionadas con infraestructuras, viviendas, enseres e inmuebles agrarios, entre otras acciones.

“Cuestión distinta para los afectados es la declaración como zona catastrófica del área geográfica afectada por la erupción volcánica. En este caso, los perjudicados podrán solicitar ayudas al Estado para indemnizar los daños que no cubra o llegue a cubrir totalmente el Consorcio de Compensación de Seguros”, aclara Salvador Salcedo.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya ha mantenido una videoconferencia con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, para solicitar los fondos europeos de solidaridad en una zona como el archipiélago canario, que está declarado como región ultraperiférica de la Unión Europea. El mecanismo europeo se pone en marcha cuando los daños ocasionados suponen un 1 % del PIB de la región, lo que supone valorar las pérdinas en un mínimo de 400 millones de euros